La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propone el desarrollo de la agricultura y la ganadería sostenibles como política para encarar la recuperación económica y ambiental de América Latina tras las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19.

“Combinar productividad, medioambiente e inclusión social es un desafío muy complejo, pero es posible lograr que la ecuación cuadre, no es una quimera”, afirmó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.

En su nueva publicación, el organismo analizó siete experiencias de transformación en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y el Caribe, siete casos reales de producción alternativa en la región y concluyó que además de ser más sostenibles, también resultaron ser más productivos y generaron más ingresos que contribuirían a la recuperación tras la pandemia.

“Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe” muestra –con ejemplos concretos– cómo pasar de buenas prácticas a políticas públicas, y cómo alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva.

“Existen opciones de transformar la agricultura sin afectar su rentabilidad y que, por el contrario, expandan beneficios económicos, sociales y de innovación”, explica el documento.

El Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, aseguró que este es un momento fundamental para aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura.

Enumerando los ejemplos analizados por la FAO, aparece Ecuador, con un proyecto de ganadería climáticamente inteligente implementado en más de 800 fincas que permitió que 1.056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40 mil hectáreas. Esto evitó la emisión de 24 mil toneladas de gases de efecto invernadero, gracias a técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos, y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de GEI.

En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes aplicadas en negocios de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, permitió que 1.842 agronegocios – centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras – redujeran sus emisiones netas de GEI en 6 millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.

“Para estos productores no es fácil hacer tantos cambios. Los esfuerzos de transformación deben entenderse y apoyarse con financiamiento. Esto no se hace sin inversión”, explicó Berdegué.

La FAO también destacó una iniciativa uruguaya, de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas, donde se trabajó con más de 2.000 técnicos y productores, y se demostró que es posible reducir hasta en un 70% el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos, lo que supuso –para los casos evaluados– un ahorro de 40 dólares por hectárea, en promedio.

Los Acuerdos de Producción Limpia en Chile, permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región de El Maule aumentar en 15% sus beneficios económicos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.

En Guatemala y Colombia, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo. Participaron 1.233 familias en 350 mil hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.

Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36% la pesca no intencionada gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.

Por último, en Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15% sus pérdidas por efectos climáticos y un 25% en su uso de fertilizantes por hectárea.
El informe muestra claramente cómo proyectos ambientales pueden generar más empleo y crecimiento en América Latina, a través de una agricultura sostenible que sea clave para la recuperación económica en medio de la crisis por el Covid-19, generando múltiples beneficios económicos y sociales.